lunes, 26 de diciembre de 2011

Publicado en Pagina 12 (24/12/2011)

Un verano sin demoliciones


El sábado 31, a las 24, queda sin efecto el régimen especial que protege los edificios anteriores a 1941. El oficialismo se negó a renovarlo, pero la Justicia prohibió ayer que se concedan permisos de demolición o refacción.


Por Sergio Kiernan


La Justicia porteña concedió ayer el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.


La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvar a Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.


La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.


A comienzos de este mes, el bloque oficialista en la Legislatura anunció que no iba a permitir que se renovara el mecanismo, como se hacía anualmente desde 2007, “por orden de Macri”. La operación fue sorpresiva y la comandó en persona el diputado Cristian Ritondo, que impidió que los miembros del PRO de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura firmaran siquiera el despacho para el tratamiento de la ley. De hecho, Ritondo hasta forzó, en una gritería memorable, al entonces diputado Patricio Di Stefano a retirar su firma del despacho. Di Stefano había firmado porque en ese momento era presidente de la Comisión de Patrimonio, nada menos.


Al cesar el régimen especial, se revierte al sistema anterior, en el que la antigüedad o el valor histórico o arquitectónico de los edificios a demoler simplemente no tenían existencia legal. El único freno que se acepta en la ventanilla del Mercado del Plata, el edificio municipal de Carlos Pellegrini y Diagonal, es que el inmueble no esté catalogado en firme. Ante lo que prometía ser un “verano de la piqueta”, se recurrió a varias estrategias.


Una fue la presentación por parte de diputados de la oposición de varios proyectos para renovar el sistema, por plazos más largos que un año. Como el oficialismo maneja la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyo temario es presentado por el Ejecutivo, esta idea no prosperó porque simplemente no fue incluida en lo que llegó al recinto esta semana. La siguiente iniciativa fue presentar un proyecto-ómnibus, que pide catalogar los 140.000 edificios antiguos de la ciudad, para bloquear su demolición. La diputada María José Lubertino lo hizo por pedido de las ONG patrimonialistas. La sola existencia de un proyecto así impide la demolición de cualquier edificio hasta que se expida la Legislatura, según jurisprudencia de la Cámara porteña.


El amparo ahora concedido fue la tercera estrategia. Según la jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.


No es la primera vez que la jueza Danas falla sobre cuestiones urbanas. En junio, detuvo también con un amparo la construcción de una torre de 27 pisos de altura en Beruti y Coronel Díaz. Los amparistas eran los vecinos del barrio, reunidos en la Asociación Amigos del Alto Palermo, que denunciaron que el edificio, de 32.000 metros cuadrados, triplicaba el total permitido en la zonificación. En marzo de 2010, la jueza también aceptó el pedido del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y frenó la provisión de pistolas eléctricas a la Policía Metropolitana.




ASAMBLEA ANUAL

El miércoles 21 de diciembre se llevó a cabo la asamblea Anual Ordinaria donde, de acuerdo al mandato de la carta orgánica se procedió a elegir las nuevas autoridades de nuestra asociación.


La nueva Comisión Directiva quedo conformada de la siguiente manera:


Presidente: Eduardo Gaspar Espeche


Vicepresidente: Alicia Bocos


Secretario: Gabriel De Bella


Prosecretaria: Ana María Sierra


Tesorera: Elena Hidalgo


Protesorero: Mario Diez


Vocales: Claudia Carlasarra / Alberto Sánchez


Vocal Suplente: Fernando López


Secretaria de Actas: Elena Salotto


Revisores de Cuentas: Andrea Lopez / Cesar Bonfil


martes, 13 de diciembre de 2011

NOTA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO m2 DE PAGINA 12

La contraofensiva


El macrismo patoteó y no permitió que se renovara la ley que protege el patrimonio. La diputada Lubertino respondió con un proyecto de ley masivo que protege todo lo construido antes de 1941.



Por Sergio Kiernan



De las clases de física queda un recuerdo ya vaporoso de un principio que decía que a cada acción le sucede una igual y opuesta. Acción y reacción, se llamaba la cosa, quedando en claro que lo que necesariamente ocurre en el mundo natural no se cumple siempre en el político. De hecho, en el macrismo confían en que las leyes naturales no se cumplan y que la patoteada que organizaron hace una semana contra el patrimonio quede impune. La buena noticia es que el bueno de Newton sigue vigente en la Buenos Aires del PRO, que hubo una reacción y que fue realmente fuerte. El jefe de Gobierno ordenó liberar todo para demoler, la respuesta fue un proyecto de ley que impide que se demuela nada.


La idea surgió de las ONG patrimonialistas, que se quedaron desoladas por la violencia moral del macrismo, que hace dos viernes saboteó la renovación de la Ley 3056. Veintitrés organizaciones barriales y patrimoniales se contactaron con la diputada María José Lubertino para que presentara un proyecto drástico: catalogar absolutamente todo lo construido en Buenos Aires antes de 1941. Lubertino entendió que esto era una respuesta política a la agresión del PRO, porque el solo hecho de que exista su proyecto de ley inhibe todo inmueble construido antes de ese año. Donde los macristas, con Cristian Ritondo a la cabeza, buscaron un verano en que llovieran edificios demolidos, se encontraron con que no se podrá demoler nada.


La patoteada


La asonada comenzó hace dos viernes, cuando se reunía la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que preside Silvina Pedreira y dirige Bárbara Rossen. Hubo un problema de horarios –o una treta, sigue sin quedar claro – que hizo que los macristas estuvieran solos por un rato. Firmaron y se fueron, y sólo entonces se descubrió que no habían firmado el despacho de renovación de la 3056. A medida que llegaron otros diputados, comenzó a crecer el espanto y el escándalo: los macristas habían hecho lo suyo frente al Quién es Quién de las ONG del tema. Alguno alcanzó a firmar, otros –como Juan Cabandié– se encontraron con la inflexibilidad de Pedreira, que reglamentó hace mucho que nadie firma nada cuando la reunión termina. El truco salió perfecto y Rossen lo festejaba de viva voz.


La cosa fue tan dura que el saliente diputado Patricio Di Stefano, presidente nada menos que de la Comisión de Patrimonio, tuvo que volver al día siguiente y retirar su firma. Ritondo, pudo establecer este suplemento con gran facilidad, le gritó hasta que temblaron las ventanas. En los días siguientes, en el bloque oficialista admitieron con soltura que la orden venía directamente de Macri, que era prioridad y que por algo “tenemos el 64 por ciento de los votos”. No hubo caso de negociar, hablar, discutir. Y con la oposición también dispersa a nivel ciudad, parecía que no había solución.


Lo que el macrismo se estaba sacando de encima era la molestia de no poder demoler por trámite administrativo, pasando por ventanilla y con todo el tema manejado por gente de confianza, empleados del Ministerio de Desarrollo Urbano. Este sistema dejó de existir a fines de 2007, cuando Basta de Demoler generó una verdadera crisis al ganar el amparo que impidió la destrucción de la Casa Bemberg, en Montevideo al 1200. El caso era típico de cómo se destruía lo nuestro y cómo quieren volver a destruirlo: la Casa estaba en catalogación pero todavía no estaba catalogada, lo que toma un tiempo considerable y es de hecho más complicado que cambiar la Constitución porteña. Como no estaba catalogada, el Ejecutivo permitía demolerla sin problemas, alegando que no sabían que estuviera protegida o inhibida. Así caían edificios, cuando los dueños eran avisados de que les podían catalogar sus inmuebles y corrían a sacar licencias.


Basta de Demoler planteó que esto era una trampa de rango constitucional, ya que el Ejecutivo le impedía al Legislativo hacer su trabajo porque la demolición tornaba abstracta la cuestión y los diputados no tenían qué discutir. La Justicia le dio la razón a la ONG, la Ciudad apeló y la Cámara emitió un fallo histórico, reafirmando el de primera instancia, extendiéndolo explícitamente a toda la ciudad y ordenando que todo edificio quedara inhibido por el solo hecho de que estuviera siendo considerado por los diputados.


No es difícil imaginar la reacción de los especuladores inmobiliarios, la industria favorita del macrismo. Pero con Jorge Telerman todavía en el gobierno y con Macri ni siquiera asumido, había que desactivar la bomba de tiempo. Así fue que el PRO aceptó una idea de la entonces diputada Teresa de Anchorena y votó la Ley 2548, que creaba el trámite especial para todo lo construido antes de 1941. Se echó mano al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, un sello de goma que existía en el Ministerio de Desarrollo Urbano, y se aprobó el sistema por un año.


Este método fue renovado en 2008, 2009 y 2010 sin mayores problemas, aunque los rezongos eran notables. El CAAP, como se sabe, deja tantísimo que desear, pero salvó muchos edificios y aportó algún nivel de mediación y racionalidad al tema. Estas virtudes evidentemente molestaron y se decidió en este 2011 sabotear todo, eliminar los frenos. La hipótesis de mínima era tener un verano tranquilo demoliendo, la de máxima volver a 2007 y destruir tranquilos, por ventanilla.


Ahí entraron Lubertino y las ONG.


La respuesta


Basta de Demoler, Proteger Barracas, Fundación Ciudad, SOS Caballito, Protocomuna Caballito, Salvar a Floresta, Amigos de la Avenida Pueyrredón, Recoleta Peligra, Vecinos por La Cuadra, Asociación Civil La Imprenta, Cultura Abasto, los vecinos de Parque Chacabuco, los de Palermo Viejo, los de Barracas y los de Boedo barajaron varias estrategias, además de masticar sus broncas. La contraofensiva pasa por retomar el pedido de que se renueve la 3056, por llevar el tema a la Legislatura para que el oficialismo no haga lo que quiera y por frenar en seco la fiesta de la piqueta, tan rentable.


La diputada Lubertino tomó la iniciativa en este último aspecto con un proyecto de ley que fue presentado este martes a la tarde y tiene el número 2519-D-2011. La idea es simple y se basa justamente en el fallo de la Cámara, al que cita en sus fundamentos: si el PRO quiere demoler todo desarmando la 3056, se pide catalogar todo para que todo quede inhibido. Y en este caso, todo es “los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha”.


El texto, que acompañó Martín Hourest, le agrega tareas al Ejecutivo, como que en 180 días haga de una vez el relevamiento e inventario de los inmuebles anteriores a 1941, y que esa lista sea considerada por el CAAP. El tercer artículo repite, por las dudas, los límites al decir que “el Ejecutivo no autorizará ningún tipo de reforma, demolición o construcción nueva” en estos edificios “hasta la definición del grado de protección o intervención por parte de esta Legislatura”.


Los fundamentos le avisan a quien quiera leerlo de la cantidad de ONG que apoyan el proyecto, indican que se trata de 140.000 edificios librados a la mala voluntad de la ventanilla y acusa al Ejecutivo de “burlar” a quienes “de forma totalmente desinteresada, desde hace varios años, dan la lucha diaria para la protección y conservación del patrimonio de la Ciudad”.


Este proyecto de ley de la diputada Lubertino congela de hecho la piqueta. Si el ministro Daniel Chain, su subsecretario Héctor Lostri o alguno de sus directores generales permiten una demolición a partir del primer día de 2012, estarán violando el fallo de la Cámara. Y estarán cometiendo una grosera violación de sus deberes como funcionarios públicos, que arrancan por respetar las leyes.

sábado, 3 de diciembre de 2011

NOTA PUBLICADA EN "LA FLORESTA"

LEGISLADORES DEL PRO QUITARON LA PROTECCIÓN A NUESTRO PATRIMONIO


Buenos Aires desprotegida


03/12/2011 - Los diputados del PRO, Cristian Ritondo, Álvaro González y Bruno Screnci, integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, no acompañaron el proyecto que pretendía prorrogar la Ley 2.548, norma que establece un procedimiento especial de protección patrimonial para determinadas propiedades públicas y privadas frente a la amenaza de las demoliciones. La ley, sancionada el 14 de diciembre del 2007, dejará de tener vigencia el 31 de diciembre del presente año al no prosperar un proyecto de prórroga presentado por el legislador Martín Hourest.


La reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña se venía realizando con normalidad hasta el momento en que debió tratarse la prórroga de la Ley 2.548. En ese momento los representantes del PRO abandonaron el lugar, dejando al patrimonio arquitectónico en manos de los intereses comerciales.


La ley 2548, prorrogada ya en un par de oportunidades, trata sobre el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial de varias construcciones porteñas. Dichas disposiciones se aplican, entre otros casos, a los inmuebles emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941. Esta norma fue la que en el año 2009 permitió la protección del llamado "castillito" de la calle Dolores 438, el cual corría riesgo de ser demolido para construir, en su lugar, un edificio torre.


Los legisladores del PRO impidieron que se tratara la tercera prórroga de la ley que brinda protección a casi 3.000 edificaciones representativas de la Ciudad. La norma es el único mecanismo de resguardo que posee el patrimonio arquitectónico porteño. Cabe señalar que los grupos constructores se opusieron desde un comienzo a la promulgación, y posterior prórroga, de la ley mencionada.


Como síntesis diremos que existen cerca de 100.000 viviendas anteriores a 1941, que de ese total se habían revisado hasta mitad de año apenas 7640 (el 5%), de las cuales 2037 se catalogaron preventivamente. Cerca de 80 no pudieron evaluarse porque fueron demolidas ilegalmente.


Proteger la identidad barrial, revalorizar edificios únicos por su tipología, significa cuidar nuestras joyas arquitectónicas y nuestro patrimonio como ciudad cultural. Lamentablemente, a partir del primer minuto del año entrante sólo la conciencia (inexistente) de los intereses inmobiliario podría ponerle freno a la demolición sistemática que se avecina.


Carlos Davis